Trump promete US$5.000.

El 9 de septiembre, en la convención republicana de mitad de mandato en Dallas, Donald Trump le puso precio a las legislativas de noviembre: «Si ganan los republicanos, ganás con nosotros y te llevás 5.000 dólares. Se va a llamar el dividendo Trump».

Buena parte de la cobertura de estos días giró alrededor de dos preguntas, cuánto cuesta y si es legal. Hay una tercera, menos cómoda: por qué nos parece normal gastar fortunas para convencer a una persona de votar, y sospechoso darle directamente algo de valor.

Qué se ofrece, a quién y a cambio de qué

Leída como una oferta comercial, la propuesta tiene todas sus piezas. El beneficio es concreto, el destinatario es cada ciudadano adulto, el comportamiento buscado es votar republicano y la condición es que el partido retenga a la vez la Cámara de Representantes y el Senado. Hay una cláusula más, que el dinero se gaste dentro de Estados Unidos, y nadie explicó cómo se controlaría.

Trump justificó el nombre con una imagen de mercado de capitales: el pago sería «muy parecido a lo que hace una empresa exitosa cuando reparte efectivo entre sus accionistas». La palabra no es un detalle, porque un subsidio construye un beneficiario, alguien a quien se ayuda, y un dividendo construye un propietario, alguien que cobra lo suyo. La analogía tiene un problema de balance que Marc Goldwein, del Committee for a Responsible Federal Budget, resumió en una línea: «No tenemos superávits para repartir». Ese comité estima el costo en más del 3,5 % del PBI en un solo año, y todavía no hay un proyecto de ley que lo respalde.

El mismo dinero, con y sin nombre

En abril de 2020 el Tesoro ordenó imprimir «President Donald J. Trump» en la línea de concepto de los cheques en papel de 1.200 dólares por adulto que el IRS enviaba por la pandemia. Fue la primera vez, y unos 90 millones de personas recibieron además una carta firmada por él. Quienes cobraron por depósito bancario recibieron el mismo dinero sin ningún nombre.

El politólogo Henry Hale usó esa diferencia en un estudio publicado en 2022 en PS: Political Science & Politics. Con una encuesta de YouGov a 2.000 personas, encontró que recibir el cheque en papel subía 0,44 puntos la intención declarada de votar a Trump en una escala de seis, más de un 20 % sobre el promedio; el depósito no mostraba un efecto claro. Es intención y no voto, y el diseño no es un experimento, pero el resultado cuesta ignorarlo: el mismo dinero rendía distinto según quién aparecía mandándolo.

El segundo antecedente es más grande: con los programas de 2018 y 2019 el gobierno pagó unos 23.000 millones de dólares a productores agrícolas golpeados por la guerra comercial. Un cambio de fórmula en 2019 sobrecompensó a unos cultivos más que a otros, y Robert Gulotty y Anton Strezhnev usaron ese accidente para estimar que el exceso le sumó a Trump 0,121 puntos en el voto nacional de 2020. Es poco, y el trabajo todavía no pasó revisión de pares, pero el mecanismo importa más que el tamaño: el pago no llevó más gente a votar, cambió preferencias, y según los autores el crédito fue para Trump, no para su partido.

Dos promesas en la recta final

El 3 de abril de 2006, en el último debate televisado antes de las elecciones italianas, Silvio Berlusconi cerró con un anuncio: «Entendieron bien, vamos a abolir el ICI de la primera vivienda», el impuesto municipal a la casa propia. Venía atrás en las encuestas y perdió la Cámara por 24.755 votos sobre más de 38 millones; dos años después volvió a ganar y lo eliminó. No hay una medición que separe cuánto de ese final apretado fue el impuesto.

En Argentina, entre las primarias y las generales de 2021, el gobierno de Alberto Fernández anunció más de veinte medidas con efecto directo en el bolsillo; la prensa las agrupó como «plan platita», el gobierno nunca les puso nombre. La diferencia nacional con Juntos por el Cambio pasó de 9,1 a 8,19 puntos, y en la provincia de Buenos Aires, de 4,35 a 1,28. Tampoco acá hay un estudio que separe el efecto del dinero del de la estructura territorial.

La versión cruda de la práctica es más vieja. En la Nueva York de Tammany Hall los punteros de barrio daban carbón en invierno, pavos en Navidad y empleos a cambio de lealtad, y esa es la versión que terminó prohibida: hoy la norma federal castiga con hasta cinco años de prisión a quien «pague u ofrezca pagar» por votar. Lo que cambió no fue la idea sino el formato, de la transacción individual a la política pública.

El dinero mueve votos a veces, y dura poco

Si una transferencia cambia el voto es una pregunta con décadas de estudios serios, y la respuesta honesta es «a veces». En Uruguay, los hogares que entraron por poco a un programa contra la pobreza apoyaban al gobierno bastante más que los que quedaron afuera por poco. En México, Kosuke Imai, Gary King y Carlos Velasco Rivera volvieron sobre los datos de dos programas masivos que antes mostraban efecto, y una vez corregidos errores de datos y de método no encontraron ninguno. En varios estudios, además, lo que aparece es movilización de los propios más que conversión de los ajenos, y casi siempre se gasta rápido.

El caso más parecido a noviembre no es un pago, es una promesa. En 2013 la CDU/CSU prometió mejorar la jubilación de las madres con hijos nacidos antes de 1992, y Michael Ganslmeier comparó a las que calificaban con madres casi idénticas que quedaban afuera por la fecha: las primeras eran 12,7 puntos más propensas a apoyar a la coalición. El efecto se desinfló poco después de que el beneficio se cobró.

Por qué se llama dividendo

La palabra tiene historia: Alaska le paga a cada residente un dividendo anual desde 1982, financiado con la renta de un fondo que se armó con regalías del petróleo, y la lógica es explícita, los habitantes son dueños del recurso y cobran su parte. Singapur repartió en 2011 un «Growth Dividend» a cuenta del crecimiento, pagado seis días antes de una elección general. Alaska tuvo el fondo antes que el dividendo; el de Trump tiene el nombre antes que el fondo.

Tampoco es el primer dividendo que Trump anuncia, y los dos anteriores no se pagaron. Sobre el segundo, una encuesta de Napolitan News encontró que el 71 % de los votantes lo apoyaba y sólo el 37 % creía que iba a llegar. Con esos antecedentes cabe una hipótesis, que el producto no sea el cheque sino la promesa del cheque. El estudio alemán apunta en esa dirección, porque la promesa movió apoyo antes de cobrarse, pero es un solo caso, en otro país y con otro tipo de beneficio, y nadie midió todavía qué hace una promesa que depende de ganar.

Se les paga a todos menos al votante

En estas legislativas se va a gastar más que nunca en publicidad política y a nadie le parece sospechoso, aunque su eficacia sea discutible: un metaanálisis de Joshua Kalla y David Broockman sobre 49 experimentos de campo estimó en cero el efecto persuasivo del contacto de campaña en elecciones generales. Las empresas, a su vez, le pagan al cliente por su conducta futura sin que nadie lo discuta: en 2024 los usuarios de tarjetas de crédito en Estados Unidos acumularon 47.500 millones de dólares en recompensas.

El sistema tolera gastar fortunas para cambiar la conducta de alguien, mientras el dinero no le llegue. Se le paga al canal de televisión, a la consultora, a la imprenta; al votante, no. Cuando el incentivo llega demasiado directo, lo normal empieza a verse obsceno, no porque sea otra cosa, sino porque deja a la vista lo que el resto del gasto hace por vía indirecta: toda campaña promete que votarla te va a dejar mejor, y el dividendo sólo le agregó un número, un nombre y una condición.

Tiene además una diferencia con cualquier programa de fidelización: las millas las paga la aerolínea, y el dividendo lo pagaría, con impuestos, aranceles o deuda, el mismo que lo cobra. Y otra con el resto del gasto público, que casi nunca se ve: en una encuesta de 2008 que cita la politóloga Suzanne Mettler, el 57 % de los estadounidenses dijo no haber usado nunca un programa social del gobierno, y el 94 % de ese grupo había usado al menos uno. El dividendo está pensado para el caso opuesto.

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